Gobierno amplió denuncia por comedores fantasma y alertó sobre un “plan sistemático de corrupción”
Tras los dichos televisivos de la ex ministra de Desarrollo Social de la Nación del Gobierno de Alberto Fernández, Victoria Tolosa Paz, la gestión de Javier Milei redobló la apuesta y se sumó, formalmente, a la causa judicial, que involucra a más de 20 dirigentes sociales del Polo Obrero, Barrios de Pie y el Frente de Organizaciones en Lucha -FOL-. Se trata la investigación que encabeza el juez federal Sebastián Casanello, quien aceptó al organismo que lidera Pettovello como querellante, tras negarle esa posibilidad a Patricia Bullrich como representante del ministerio de Seguridad.
Por estas horas, el fiscal Gerardo Pollicita analiza el material encontrado en los 27 allanamientos realizados la semana pasada a comedores vinculados al Polo Obrero y a Barrios de Pie y a la asociación civil que lleva el nombre del espacio político de izquierda. En esos operativos fueron secuestrados 76 mil dólares en las casas particulares de varios de sus integrantes, entre ellos Jeremías Cantero, cercano a Eduardo Belliboni.
Comedores fantasma: funcionaria de Capital Humano se presentó en Comodoro Py
El mismo día, la subsecretaria de Legales del Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello, Leila Gianni, se presentó en Comodoro Py para aportar nueva información sobre los llamados comedores “fantasma”. Se trata de 1.201 comedores que los funcionarios del área de Gianni terminaron de auditar. Muchos de ellos se encontraban inhallables, otros ya no existían más y, en los casos más singulares, existían en barrios privados o funcionaba una escuela de pole dance -el famoso baile del caño-.
La decisión que tomó la integrante del Gabinete de Javier Milei fue acabar con la intermediación de los bolsones de comida, que se realizaban a través de las organizaciones sociales. Esto es, eran los dirigentes sociales -devenidos en funcionarios- quienes definían cuánta mercadería se enviaba a los comedores y merenderos que ellos mismos designaban e inscribían. No existía control alguno.
La funcionaria declaró ante el fiscal Ramiro González en la causa que recayó en el juzgado de Ariel Lijo. En la declaración testimonial a la que accedió iProfesional, la funcionaria aseguró que “estas organizaciones sociales, levantando la bandera de la justicia social, lucraron con el hambre de los sectores más vulnerables”. Gianni añadió que “muchas de estas cooperativas eran creadas recientemente, sin historial alguno, y recibían la habilitación a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social -INAES-“.