La Justicia procesó a Belliboni por un millonario fraude con los planes sociales
El juez federal Sebastián Casanello considera que hay pruebas suficientes para probar que Eduardo Belliboni desvió millones de pesos a empresas fantasmas a través de facturas truchas.
El juez federal Sebastián Casanello procesó este lunes al titular del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, por administración fraudulenta a raíz del dinero entregado por el Estado a través del programa Potenciar Trabajo. Esos fondos fueron desviados para fines partidarios, según el fallo al que accedió Infobae. Se le dictó además un embargo por $390 millones. “Se aprovechó la política pública para intereses partidarios”, aseguró el magistrado.
El procesamiento alcanzó Belliboni, Mariano Alejandro Centanni, Erica Tamara Lubenfeld, Iván Ortíz y Ezequiel Adrián Coego por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La decisión alcanzó además a María Isolda Dotti y Gianna Puppo: para ellas, el procesamiento no solo fue por defraudación sino también por “amenazas coactivas”. A Gloria Paraguay Estrada y Rossmery Grande Arancibia las acusan de ser autoras de amenazas. También fueron procesados Elizabeth del Carmen Palma, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani, Cynthia Delgado Vilches, Gustavo Guillermo Vásquez, Jeremías Cantero, Iván Ezequiel Candotti y Roberto Adrián Albornoz como partícipes de la defraudación y amenazas coactivas.
“Se sospecha que el cumplimiento de las tareas y la ejecución de los proyectos asumidos por los responsables del Polo Obrero en el marco del programa estatal no fue su verdadera meta, sino que el propósito buscado consistió en financiar y robustecer la actividad propia (político-partidaria). En ese marco, el Estado Nacional efectuó desembolsos de dinero a favor de los beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo (en concepto de Salario Social Complementario) por contraprestaciones que, en la mayoría de los casos, siquiera se ofrecieron. Así, no sólo se incumplió el objetivo previsto normativamente, generando un perjuicio a las arcas del Estado (pues invirtió dinero en actividades que, en muchos casos, no se realizaron ni ofrecieron), sino que, además aprovechándose de la posición de poder que detentaban, retuvieron de manera indebida un porcentaje del dinero percibido por los titulares del programa”, dice la resolución de Casanello a lo largo de 168 páginas.
Y añadió: “Los chats grupales aportados por los denunciantes, el contenido de la extracción de los celulares de los imputados y la documentación secuestrada revelaron que las prácticas que los encargados de los comedores les exigieron a los beneficiaron del plan no tenían que ver con el objetivo de la política pública”.
La causa se originó el 20 de diciembre, el día que se preparaba la primera movilización de piqueteros contra Javier Milei y el Gobierno habilitó el número 134 del Ministerio de Seguridad para que los ciudadanos hicieran denuncias anónimamente. Se hizo una denuncia en los tribunales de Comodoro Py: hubo reportes de todo el país, el fiscal Pollicita, que recibió la investigación delegada, se focalizó en las 45 que tuvieron lugar en la Capital Federal, su jurisdicción. Y avanzó en intentar rastrearlas. Localizó a siete: cinco de esas personas se animaron a declarar.
Con los allanamientos y la información secuestrada, el juez resolvió este lunes ordenar las indagatorias al sostener: “considero acreditado -con el grado requerido legalmente en esta etapa- que diversas personas, nucleadas bajo las figuras asociativas ‘Asociación Polo Obrero’ y ‘Cooperativa El Resplandor Ltda.’, habrían administrado de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales que le fueran confiados en convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del aludido programa “Potenciar Trabajo””, afirmó
Casanello destacó que se comprobó “el empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados -al menos a través de las firmas “Ediciones e Impresiones Rumbos SRL” y “Coxtex SA”-, para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos”.
Una fuente judicial explicó que el Ministerio de Desarrollo Social no podía desconocer que la empresa Coxtex, a la que el Polo Obrero dice haberle comprado computadoras y software, había sido catalogada como apócrifa por la AFIP en noviembre de 2020. A su vez, a los investigadores les llama la atención que ninguno de los esquemas de control haya investigado facturas de empresas sin historial comercial como Miniso Trade, a la que también la organización de Belliboni dice haberles adquirido computadoras.