Hacia 2017 Argentina acreditaba no menos de 846 pasos clandestinos en los 9.376 kilómetros fronterizos. Esos cruces son utilizados por lugareños para trasladarse sin pasar por Migraciones. También funcionan como pasadizos para el narcotráfico, la trata y la ilegalidad en general. Ahora, imaginemos lo que esos corredores pueden ocasionarle a un Estado que pretende controlar la entrada de la temida cepa a su territorio. Tal vez, podemos pensar en los pasos secos con Brasil, o la coladera fronteriza con Bolivia, o el intercambio informal con Paraguay. Y así, seguramente lleguemos a más de 1000 puntos sin control por donde la peste anabolizada puede adentrarse fácil. Ergo, la movida oficial que restringe la vuelta de argentinos al país, bajo excusa de vigilar que no se cuele el tal Delta por Ezeiza, no es más que una jugada para la tribuna.
Si realmente les hubiera interesado prevenir el arribo de nuevas variantes, no hubiesen puesto a dos monotributistas sin experiencia, pero adictas al régimen, a que administraran los testeos en el aeropuerto. Eran tan negligentes y codiciosas que ni siquiera hacían correctamente los PCR. Claro, había poco tiempo para testear y mucha caja por hacer (realizaban pruebas en dos minutos que siempre daban negativo). El escándalo concluyó con el reemplazo de las monotributistas por una posta del Dr. Stamboulian.
Tampoco conviene traer a colación las declaraciones de Paola Tamburelli, titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Tamburelli reveló que, en los últimos dos meses, el porcentaje de pasajeros que dieron positivo de Covid-19 al llegar al país fue de un 0,2%. Bastante poco como para dejar varados a más de 40.000 compatriotas.
Si se quiere analizar el lado constitucional del asunto (para saber si están a derecho), podemos hacer propias las palabras de reconocidos constitucionalistas. Esto es: la decisión administrativa que limita el cupo de ingreso de personas al país oprime el derecho de entrar y salir del territorio. Una restricción en sí misma no es inconstitucional. Pero lo es cuando no está prevista por ley o cuando, aun siendo votada por el Congreso, estrangula desproporcionadamente un derecho. En este caso, la razonabilidad podría ser aceptada, si lo que se busca evitar es que la mutación Delta ingrese cómoda a Argentina. El problema es la legalidad. Sucede lo mismo con los DNU: tendría que ser respaldado por el Congreso. La inconstitucionalidad pasa aquí por el medio utilizado más que por la razonabilidad de la medida.
En el caso de los hoteles obligatorios para los bonaerenses, el argumento es práctico y lógico. Si el ciudadano puede comprobar que está vacunado y presenta un PCR negativo 72 horas antes de viajar, más otra prueba con igual resultado al arribar, el aislamiento en un hotel es redundante. El pasajero podría transcurrir la cuarentena en su domicilio. E incluso estaría en mejores condiciones de aislamiento que en un albergue para viajantes atendido por decenas de empleados. Además, el oficialismo se evitaría la suspicacia de los negocios espurios con los amigos hoteleros del poder, algo muy usual en el prontuario de las administraciones kirchneristas.
La otra pata es la campaña de vacunación. Oímos habitualmente eso del apuro que tienen por inmunizar al mayor número posible antes de que llegue el fulano Delta. Sin embargo, dos semanas atrás el ritmo de inoculación había bajado un 20%. Los últimos siete días, pese a que el gobierno se hizo de una fuerte dotación de inyectables, también descendió un 2%. Y todavía no mencionamos que entre Nación y Provincia se reparten más de 4, 5 millones de dosis que no distribuyen. O la falta absoluta de lucidez, y sentido del bien, para incorporar nuevos prestadores y acelerar los tiempos. No, prefieren sus postas de vacunación lentas, escasas y partidarias.
Llegamos a la pregunta de siempre, ¿por qué lo hacen? Lo del cupo para volver es, como dijimos antes, una movida tribunera y ridícula que sigue la tónica habitual: crispar el ánimo de esa numerosa parte de la población que no los vota. Y al hacer eso, ensanchan aún más la grieta. Marcan los bandos. A su vez, la restricción actúa de chivo expiatorio porque saben que la peste se volverá a desmadrar, y cuando suceda, ya tendrán a quién culpar por el fatal Delta. Será a los argentinos que vienen de Estados Unidos, nada tendrán que ver los más de 1000 corredores ilegales por donde se escabulle el virus. La intención es siempre la misma: generar divisiones para luego culpar a la ciudadanía y a la oposición. Para demostrarlo, basta citar las palabras del jefe de Gabinete de la PBA, Carlos Bianco. “Estas medidas, como la restricción en el ingreso de personas al país, son por la irresponsabilidad de la gente”. Clarísimo, a confesión de parte, relevo de pruebas.
Durante la última semana, los contagios aumentaron por encima del 15%. Es justo preguntarse: ¿no será que el sultano Delta ya camina entre nosotros y solo nos están adobando para darnos la agria novedad? Tampoco sería de extrañar que la medida contra los viajeros en el extranjero fuera simplemente una cortina de humo para desviar la atención, para hacernos hablar de los derechos constitucionales y no de lo que quieren pasar por alto.
Quién sabe. Quizás, Delta ya esté de visita y en viaje oficial.
